En un encuentro con alcaldes les recordó que un ayuntamiento ha tenido que pagar una indemnización de 20.000 euros a un accidentado por causa de un resalto que no cumplía la normativa. El Fiscal ha recordado este hecho, recalcando la peligrosidad que se genera y ha añadido que incluso los ayuntamientos y diputaciones que incumplen los requisitos legales en cuanto al uso en sus calles y travesías de resaltos se podrían enfrentar a condenas.